¿QUÉ ESTADO DE DERECHO?

¿QUÉ ESTADO DE DERECHO?


Bajo este régimen que, más que comunisto-nazi, es delincuente y criminal, retrocedemos, a pasos veloces, hacia niveles de infradesarrollo sólo alcanzados en la Región por Haití y cada vez más aproximados a las lamentables realidades de algunas naciones africanas.

Hace tiempo que, con este régimen, en Venezuela dejó de regir el estado de derecho. Desde la írrita convocatoria de la Asamblea Constituyente en 1999, pasando por todos los fraudulentos procesos electorales y de referendos habidos desde ese año - la mayor votación nacional en el referendo para aprobar la Constitución se obtuvo en el Estado Vargas el mismo día cuando éste se encontraba sumergido en las aguas de la tragedia -, hasta la ilegal ampliación del número de los miembros del TSJ, hecha para hacer del Poder Judicial instrumento sumiso y obediente del Poder Ejecutivo.

Pero la peor expresión de la degradación que ha alcanzado esta Venezuela, invadida por la revolución cubano-chavista, es la muerte vil y sistemática de ciudadanos de todo nivel, sexo y edad. Larga es ya la lista de las víctimas del desborde del crimen. En muchos de los hechos criminales ocurridos, la sospecha de culpabilidad ha recaído sobre funcionarios de cuerpos militares y de seguridad del Estado. Baste con recordar las numerosas víctimas mortales de la represión gubernamental ejercida contra manifestaciones de sectores opositores realizadas, en años anteriores, tanto en la Capital de la República como en diversas ciudades del interior del País o los dolorosos hechos en los cuales, de manera todavía no explicada, perdieron la vida varios soldados de nuestra Fuerza Armada.

A todo este triste capital delictivo, los venezolanos lamentamos, en días más recientes, que se añadan el llamado caso Barrio Kennedy: ajusticiamiento realizado, de manera fría y calculada, de cuatro jóvenes estudiantes de la Universidad Santa María por parte de cerca de treinta funcionarios que, según las informaciones oficiales, pertenecían al DIM y al CICPC; el caso del secuestro y posterior asesinato (con aparente responsabilidad de agentes policiales del Estado Aragua) del industrial Filippo Sindone en Maracay y los últimos casos, que han determinado por provocar grande y conmovida reacción de los ciudadanos: el secuestro y horrendo crímen, presuntamente cometido por agentes de la policía, de tres menores de edad, los hermanos Faddoul Diab y el adulto Miguel Rivas quien los acompañaba y, en la misma tarde de hoy, el alevoso asesinado del reportero gráfico del diario El Mundo Jorge Aguirre.

Esta tarde oí, con gran sorpresa, la ingenua actitud del conductor del más importante programa político de televisión, que –por injusta ley- sabemos estaba orientada a desterrar de su programa toda mención que relacionara políticamente estos crímenes y, en general, la grave inseguridad que, a ritmos de acelerado y continuo crecimiento, ha venido incrementándose en el país, año a año, entre 1999 y esta fecha. Actitud que califico como indicaba, pues aunque responde a la necesidad de defender, en lo posible, intereses legítimos del canal, que es el medio más valioso e importante que tenemos los venezolanos para mantenernos informados, peca de ingenuidad porque, pese a la instrucción ministerial, salta, a ojos vista, que el fondo del problema es Político, así, con P mayúscula (y no partidaria) como lo señalara alguno de los invitados en el prestigioso programa.

Al efecto, preguntémosnos: ¿Qué ha ocurrido para que hayamos llegado en Venezuela a tan perversa situación?

A mi manera de ver han ocurrido tres cosas determinantes:

1ª) El régimen se ha trazado la firme conducta de destruir todas las instituciones del país (políticas, sociales, económicas, educativas, culturales, religiosas, etc.) con el avieso propósito de acabar con ellas o de ponerlas, servilmente, al servicio del Jefe Supremo. Eso lo ha alcanzado ya, de manera total, con las instituciones políticas de los Poderes Públicos. No obstante, algunas instituciones del Estado han sido parcial pero imperfectamente controladas, como la FAN y la gran mayoría de los gobiernos estadales, y también las policías regionales que se mantienen como reminiscencias del esfuerzo descentralizador que se inició desde los años 90 (hecho que destacó esta misma noche el Ministro Chacón).

2ª) No ha ocultado el gobierno su interés en centralizar de nuevo al Estado venezolano. La concentración de poder en manos del Presidente de la República establecida en la Constitución de 1999 es muestra de ello. En ese mismo sentido se alínea la creación de una policía nacional que, o elimine las policías regionales y municipales, o las someta férreamente a los dictados de aquélla.

3ª) Pese a las demagógicas ofertas que el candidato presidencial del ahora régimen hizo en su campaña electoral de 1998, la pobreza y todo lo que rodea este concepto (especialmente vivienda, trabajo y educación) han sido particular y especialmente preteridas desde el poder. Son conocidas las estadísticas que muestran el asombroso retroceso de una Venezuela, cuyo Estado es como nunca opulento, a las posiciones más desfavorables entre todos los países del mundo, dentro del programa del PNUD para el desarrollo.

Ahora bien, la destrucción de las instituciones, la centralización del poder y hasta la figura de las policias nacionales (o especiales) responden con estricta regularidad a la doctrina y los objetivos político-institucionales de ejemplos realizados del modelo totalitario de Estado. Por su parte, la pobreza generalizada se adecúa, muy bien, a los objetivos del modelo de Estado populista, que es otra de las vertientes que concurren en la particular conformación y desarrollo del modelo de Estado chavista en desarrollo. La pobreza se auna con la destrucción de las instituciones, para hacer del pueblo masa amorfa y anómica, débil en su dependencia e indefensa en su aislamiento.

Sería irresponsable afirmar como verdad, y sin pruebas, que los crímenes son obra deliberadamente realizada por parte de los conductores del Estado. Pero es indudable que les favorecen, pues sirven para desacreditar las policías en general y, con base en ese descredito, justificar, vender y defender ante la Nación, la creación de una superpolicía nacional (que en la Alemania nazi se llamaron la SS y la Gestapo; en la URSS la KGB; en Cuba se llama el G2). Con la misma premisa que inicia este párrafo, debemos observar y reconocer que hechos tan dolorosos como los que estamos lamentando hoy, sirven también para favorecer el ocultamiento y el olvido de situaciones de la enorme gravedad y trascendencia política como las que tienen las recientes, continuas y recíprocas acusaciones, entre facciones de partidarios del régimen, sobre la comisión de graves y escandalosos hechos de corrupción y peculado que lesionan dramáticamente el patrimonio nacional.

A lo anterior debemos añadir la pregunta ¿quién propicia y exalta la violencia? Se dice de un jefe de Estado que es el primer magistrado (magister, maestro) nacional. Es, por tanto, modelo de comportamiento para todos los ciudadanos. El actual jefe del Estado, debido tal vez a sus condiciones personales y psíquicas, con diaria perseverancia ejerce la cátedra de la amenaza, del insulto, de la agresión y del odio. Esas enseñanzas encuentran seguidores que exhiben conductas agresivas en sus relaciones sociales. Como ejemplo, observamos, día a día, en el tráfico de nuestras ciudades, que conductores de todos los sectores sociales se enfrentan con violencia tal como si librasen mortales combates por su superviviencia; en el mercado; en las aceras de las calles; en fin, en todas las relaciones que genera la vida común organizada de la sociedad. Nada extraño resulta, pues, que mentes de lábiles equilibrios emocionales o psíquicos, den rienda suelta a pulsiones agresivas que puedan desembocar en el crimen y en el sadismo.

Por supuesto que estas dolorosas viviencias no sólo responden a un problema que es político en sus causas y consecuencias, sino también en sus soluciones. La finalidad de toda Sociedad nacional es el Bien Común General. Este concepto puede resumir su significado como “la buena vida humana” de todos y cada uno de los miembros de la Sociedad. Ello incluye todo un conjunto de condiciones y medios que permitan y aseguren, a cada cual y según sus diferencias existenciales, la propia realización como persona humana. Para conducirle a ese fin, la Sociedad requiere de la Autoridad y, a tal fin, tiene un sector especializado que es el Estado.

En una sociedad democrática, la fuente de la autoridad es el pueblo entendido como el conjunto de todos los miembros del Cuerpo Político o Sociedad. Será, en consecuencia, ilegítima toda autoridad que gobierne contra el Bien Común; o que se imponga contra la voluntad del pueblo; la que incurra en abuso grave, permanente y general; y también aquélla cuya incapacidad constatada, permanente e irremediable, le impida gobernar.

Hagamos votos para que la dolorosa pérdida de estos tres hermanos Faddoul, jóvenes y promisorios valores de Venezuela; de su acompañante el Señor Rivas; del industrial Sandoni, de los jóvenes sacrificados en Barrio Kennedy; de los soldados asesinados, así como de todas las víctimas del odio y la violencia que han entristecido a todos los venezolanos, sirva para darnos coraje y, sin miedo, dispongamos lo necesario para restablecer la libertad, la justicia, la paz y la alegría en este noble pueblo digno del mejor destino.