RES NON VERBA

¿QUÉ HACER? Es ésta una pregunta que, angustiada, escuchamos y leemos superada la fecha del falso dilema: 7 de agosto de 2005.
Sin lugar a dudas, llegamos ya al tiempo cuando la oposición debe actuar con gran inteligencia y total desprendimiento de propios intereses sea de grupos o individualidades.

El objetivo es tratar por todos los medios y antes de la realización de las elecciones parlamentarias de diciembre, de "reventar" al actual CNE y lograr la designación de otro, conforme a la Constitución.

Se dirá que no es fácil y con razón, pues estamos ante un gobierno totalitario (aunque muchos lo nieguen, los más por ignorancia de lo que ello significa, otros por complicidades de toda suerte).

Sin embargo, veo claro que si la oposición sabe aprovechar la brecha que se ha abierto dentro del chavismo, especialmente lo que significa la protesta enfurecida de los tupamaros y otros grupos que probaron, en carne propia, lo que es el fraude electoral y el atropello del gobierno, se puede concertar un movimiento muy amplio de grandes protestas contra el CNE, cuyo objetivo debe ser actuar de tal manera compulsiva (y hasta violenta, allí ayudarán tupamaros & cia.) para que la Asamblea ( léase el gobierno, ante el conflicto y las presiones internas y externas ) se vea obligada a nombrar un nuevo CNE conforme a lo que ordena la Constitución. En esto va a ser importantísima la presencia de organismos internacionales, especialmente la OEA que, ante el aumento de la conflictividad política interna, van sin dudas a hacerse presentes.

La línea opositora tiene que ser no concurrir a elecciones de ningún tipo hasta que no sea designado un nuevo CNE como lo dispone la Constitución (es de recordar que la AN, para designar el CNE lo tiene que hacer con la mayoría calificada de las 2/3 partes de sus miembros, lo que necesariamente determina un CNE equilibrado) y aceptados y puestos en práctica los 5 puntos que presentó Súmate como condición mínima para las elecciones del pasado 7 de agosto.

Pienso que la conducción opositora tiene que estar en manos de gente que no está "defendiendo espacios" y tampoco de quienes fueron dirigentes significativos de la Coordinadora, pues sus decisiones pueden seguir siendo mediatizadas por sus intereses particulares. En tal sentido, un triunvirato puede ser Oswaldo Álvarez Paz, Tulio Álvarez y Antonio Ledezma, con la directa asesoría y colaboración de Súmate y de alguna persona con experiencia y buen equilibrio como Enrique Tejera París. Esto no significa la exclusión de los demás dirigentes y menos de grupos y partidos, pero es bueno que el país sepa, con nombres y apellidos, quienes son los responsables y no se diluya esa responsabilidad en el anonimato de un cuerpo invertebrado como fue la Coordinadora.

Debo decir que para lograr el objetivo planteado, la oposición debe hacer uso de todos los medios a su alcance, todo dentro del alcance del articulo 350 de la Constitución. El país tiene que declararse en desobediencia y resistir ante el régimen. Desde luego, habrá grupos que se especialicen, separada pero coordinadamente, en las diferentes actividades y acciones que pueda ser necesario realizar. Es la última oportunidad para la democracia en Venezuela: no se puede ceder en nada. Llegamos a ese momento cuando hay que jugar el todo por el todo.

Es importantísima la gestión de enlace y coordinación, dentro del alcance que establece la diversidad de sus objetivos, entre la oposición al régimen y la disidencia o inconformidad de los sectores pro-gubernamentales antes indicados, en el entendido de que lo que une a la oposición y a estos grupos chavistas es el común interés de tener un CNE neutral y de concurrir a futuras elecciones con el mínimo de exigencias que resumen los 5 puntos o propuestas de Súmate.

Finalmente, observo que, a mi manera de ver, ir a elecciones parlamentarias en las mismas condiciones que caracterizaron los comicios del pasado 7 de agosto, SI ES UN SUICIDIO para la oposición. El 7 de agosto lo que manifestó el país fue: 1º) Rechazó el fraude en las múltiples facetas en las que lo realiza el CNE; 2º) Rechazó las componendas entre grupos políticos en la búsqueda particular de beneficios y prebendas; 3º) Exigió reglas claras, justas y respetadas para todo acto electoral; 4º) Implicitamente expresó con su deliberada abstención que NO VA A CONCURRIR a ningún proceso que no sea legal y transparente. Por tanto, de concurrir a las elecciones legislativas de diciembre y, por supuesto, a las presidenciales de 2006 en las mismas condiciones de agosto y octubre de 2004 y de agosto de 2005, la ausencia de los electores será mucho mayor aún y el gobierno copará todo poder en el país.

RES, NON VERBA!

LA NUEVA TRAMPA

Hace poco insistía, en artículo que titulé “Res non verba”, en la percepción que tengo según la cual el objetivo central de la oposición tiene que ser el de forzar al gobierno al cambio del CNE. Algunos amigos, con buena dosis de escepticismo, me han replicado que eso no es posible porque el gobierno no aceptará ceder en ese punto. Comparto la segunda parte del razonamiento pero no la primera. Por ello repito el verbo “forzar” pues, obviamente, el régimen no va a entregar, como niño educado y bueno, ese caramelito que tanto significado tiene en términos de conservación del poder. Estamos ante un régimen de vocación totalitaria, como lo es el del modelo cubano. ¿No vieron por TV al tirano jurásico calificar de “boberías” a las elecciones, ante la sonrisa complacida de su admirador venezolano?

Señalaba en el mismo artículo que la línea opositora debe ser la de no concurrir a ningún proceso electoral hasta que la Asamblea Nacional, con mayoría de sus dos terceras partes, designe un nuevo CNE tal y como lo prescribe la Constitución vigente. Pero tal línea debe estar acompañada de un concertado y muy amplio movimiento de protestas contra el actual CNE para que el régimen sea obligado a cumplir con tal disposición constitucional.

Pero no basta con el cambio del CNE. Es necesaria, además, la aceptación y ejecución de los cinco puntos que incluyó Sumate en su documento anterior a las elecciones del 7 de agosto, dado que constituyen el marco indispensable para que los procesos electorales presenten un mínimo de garantías en cuanto a confiablidad y transparencia.

Sin embargo, no se si por astucia del gobierno o estolidez, conveniencia o complicidad de algunos grupos o personas supuestamente de oposición, ha surgido una nueva tendencia cuyo propósito es convencer a la población de la necesidad de concurrir a las próximas elecciones parlamentarias de diciembre, aún bajo las existentes condiciones de abuso e ilegalidad que han signado los anteriores procesos y, desde luego, bajo la perdida autoridad del actual CNE.

El ardid o carnada que se ha utilizado para este despropósito es la idea de “liberar” a los presos políticos, de las injustas e ilegales condiciones a las que se encuentran sometidos, mediante su inclusión en las “planchas” o listas de los partidos que van a concurrir a estos comicios. Oferta incierta, engañosa y ofensiva para tan distinguidos compatriotas que han asumido, con gran dignidad, el soportar la injusticia que los oprime. En efecto:

· Es incierta, pues nada garantiza que dichos ciudadanos serán electos en ese proceso, en primer lugar porque las condiciones generales de la elección y la permanencia del actual CNE, ilegal e ilegítimo, lo que presagia es un nuevo fraude que va a frustrar esa ilusión.
· Es engañosa, porque, aparte de la antes señalada situación de incertidumbre que lo único que garantiza es el fracaso, dichos políticos no están pensando en ceder las primeras posiciones en las listas o “planchas” a los presos políticos. Hago ver, además, que nada raro tendría (aparte del fraude que está al alcance de su mano) que el gobierno establezca, mediante el total control del poder judicial del que disfruta, un mecanismo de inhabilitación de estos presos políticos, inmediatamente antes o, quizás mejor para el régimen, después de realizadas las elecciones, pero antes de la proclamación de dichas personas como diputados electos.
· Es ofensiva, pues los presos políticos, en tales condiciones, serían utilizados para favorecer a las organizaciones en cuyas listas aparezcan pero - y es lo peor - para hacerle el juego al mismo gobierno que los ha encarcelado, oprimido y vejado en su dignidad humana, puesto que lo que este gobierno pretende es alcanzar altos porcentajes de concurrencia a las elecciones, de manera de aparecer como legitimado ante las instancias internacionales.

Por tanto, denuncio esta NUEVA TRAMPA y advierto de esta situación al pueblo opositor en general, a los partidos y organizaciones verdaderamente opositoras y no colaboracionistas y, en especial, a los muy estimados compatriotas que sufren injustamente prisión por causas políticas y bajo órdenes del régimen, para que no caigan en esta nueva maniobra de los comunistas y sus aliados, cuyo objetivo es someter a Venezuela bajo el dominio del castrismo cubano.

¿ENTONCES QUE?

El insólito caso del libro "15-08-04 Una experiencia democrática. Referendo Revocatorio Presidencial" presentado el pasado lunes 8 -y con gran despliegue- por el Presidente del CNE en el Teatro Municipal, aparte de ser una prueba más de la incapacidad que para hacer cualquier cosa exhibe este equipo gubernamental, así como del descuido y ausencia de todo sentido de responsabilidad de sus principales dirigentes, servirá tan sólo para que el ciudadano Presidente tenga otro de sus arrebatos de cólera y, tal vez, de nuevo descargue esa ira sobre el equipo de gobierno que él mismo designó y absolutamente dirige. Descargas frecuentes que, por cierto, un señor avezado, que sirve gasolina en la estación de servicio que utilizo, comparara recientemente con las acusaciones que un manager de beisbol, en cada juego, pudiera lanzar sobre los jugadores de su propio equipo. Me preguntaba este señor: ¿dónde estará la culpa? ¿en los jugadores o en quien los pone a jugar?
A menos que, podría pensarse con suspicacia, no sea otro de los famosos "trapos rojos", que salen como verónicas en plaza de toros cada vez que la situación se hace conflictiva o peligrosa; aquéllos para distraer a los opositores desviándolos de la realidad, como éstas evitan que los morlacos alcancen la humanidad de los toreros.
Claro. Sobre lo del libro, si tal especulación fuese cierta, el "trapo rojo" sirve hoy para distraer a la gente de la tremenda situación que la Nación atraviesa en lo internacional al cruzarse, en única mezcolanza, los conflictivos y autopropuestos problemas de la guerra asimétrica, la ruptura con la DEA, las redes del narcotráfico y la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, y en lo nacional el hundimiento físico del país, el desesperante aumento de la miseria, así como las crecientes protestas de quienes una vez más creyeron, pero juraron hacerlo por última vez.
Creo que, al fin de cuentas, al margen de lo que esta pavorosa argamasa significa como realidad, así como del contenido demoledor que para Venezuela tiene el malhadado proyecto que nos ha caído como regalo del mismo infierno, la verdad de toda esta conflictividad se resume en las características que varios distinguidos psiquiatras han coincidido en señalar como propias de la persona que, en infortunado momento, el pueblo venezolano designó para dirigir la Nación.
Porque no es el comunismo desordenado y confundido con otras ideas y calenturientas pretensiones lo que está amenazando destruir a Venezuela, como tampoco fue la idea, en si misma, de la superioridad aria lo que destruyó la Alemania del Tercer Reich. A esa Alemania lo que la destruyó fue la locura de Adolfo HItler.
¿Entonces qué?

LA IMPORTANCIA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

1. Un poco de historia. La principal oferta del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante su campaña electoral y a lo largo de todos los meses transcurridos de su gobierno, ha sido la de redactar una nueva Constitución para sustituir la que, en su insólito acto de juramentación como Presidente, llamó “moribunda” Constitución de 1961.

Esta oferta fue vinculada, desde el inicio, a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (posibilidad no prevista en el vigente texto constitucional), dado que fue descartado el nuevo Congreso Nacional (electo apenas un mes antes de las elecciones presidenciales donde venciera Chávez) pues la correlación de fuerzas políticas resultó abiertamente desfavorable para el candidato y posterior Presidente de la República.

Pero para entender la actual crisis político-constitucional que vive Venezuela es muy importante el tener presente la relación, casi siempre problemática, que en los países de la Comunidad Ibero-americana ha existido entre Constitución y gobierno. Esto implica, necesariamente, dejar la mera consideración del texto constitucional como análisis de las realizaciones históricas del Estado constitucional para ir a alcanzar el conocimiento de aquellas realizaciones concretas bajo las cuales ha sido posible un cierto grado de funcionamiento y consolidación de dicho Estado. Lo difícil que ha sido lograr tal meta de consolidación lo prueba el hecho de que entre los 19 Estados latinoamericanos y los dos europeos que componen esta Comunidad Iberoamericana de naciones y durante los 180 años transcurridos hasta 1991, desde la primera Constitución que fue la de Venezuela de 1811 y la última la de Colombia de 1991, se han promulgado más de 200 nuevos textos constitucionales sin contar en ello las reformas constitucionales importantes que han sido realizadas. Venezuela, precisamente, es el país que con 22 Constituciones tiene el dudoso liderazgo de haber promulgado el mayor número de cartas fundamentales; le sigue la República Dominicana con 18 y cierran la larga lista Argentina y Panamá con cuatro. De todas esas Constituciones, solamente 13 han alcanzado a superar los 50 años de vigencia, sea nominal o real; tres de ellas corresponden al siglo XIX en su primera mitad; nueve fueron promulgadas en la segunda mitad del mismo siglo y tan solo una lo fue en el siglo XX. La más antigua y una de las más duraderas fue la Constitución monárquica del Brasil que duró 65 años, entre 1824 y 1889. Le sigue en antigüedad la Constitución republicana del Uruguay del año 1830 que duró 87 años, es decir hasta 1917. La más lóngeva ha sido la de Chile de 1833 que se mantuvo en vigencia por 91 años hasta 1924. La Constitución de México de 1917, que todavía rige, lleva hasta el presente 82 años y es la tercera en duración entre todas las de los países iberoamericanos. Puede afirmarse que en Iberoamérica se ha inveterado una mítica creencia en el poder de las Constituciones para resolver los conflictos cuando sobrevienen crisis por agotamiento de la dirigencia.

Tal realidad conduce, necesariamente, a la consideración del grado de verdadera vigencia de cada Constitución, esto es, a comparar el país real con el país legal. Debe tenerse presente que la vigencia de cualquier Constitución puede ser nominal o real. Se dice que las Constituciones de vigencia nominal “reinan pero no gobiernan”, mientras que las de vigencia real “reinan y gobiernan”.

El problema de fondo consiste en la existencia real del Estado constitucional. En América Latina - como también en España y Portugal - se ha presentado entre el Ejecutivo, entendido como “el gobierno” (que hereda toda la tradición del absolutismo autoritario de las Metrópolis), una recurrente contraposición histórica con el Parlamento o Congreso, que es una institución relativamente reciente y apenas reconocida por sectores minoritarios de las clases más ilustradas. En la base de este conflicto está el que se ha pretendido que al gobierno se le haya atribuido el objetivo de “hacer con eficacia”, mientras que de la función contralora del Parlamento se dice que pareciera entorpecer tal objetivo.

El funcionamiento de Estado constitucional invoca la existencia de un régimen de gobierno que puede definirse como el funcionamiento real del par gobierno–parlamento sobre el que descansa el régimen, conforme al principio clásico de la división de poderes. Cuando tal par existe, es porque el gobierno ejecuta y, al mismo tiempo, se realiza la doble función legisladora y contralora del Parlamento. La doctrina aplicada, especialmente en el derecho constitucional de los países iberoamericanos, hace de la función de legislar tarea muy principal de gobierno, por la que el Parlamento también concurre al gobierno. Además, según la tradición del derecho constitucional castellano y portugués heredada en América, correspondería al Parlamento regular y controlar la gestión gubernativa establecidos los límites del ejercicio de la autoridad, a la vez que sanciona las eventuales violaciones.

2. La actual realidad venezolana. La historia de los Estados iberoamericanos muestra patentemente cómo, tanto en el Nuevo Mundo como en la Península, neutralizar o eliminar el Parlamento le resultó muy fácil a gobiernos apoyados en una tradición absolutista incoada en la mayoría de una población que prefiere gobiernos fuertes, realizadores y distribuidores de beneficios concretos. Tan ello es así que cada vez que se ha producido en estos países el derrumbe del Estado constitucional, la primera manifestación de ese hecho ha sido normalmente la disolución fáctica o de hecho del Parlamento. Es, sin duda, el camino que el actual gobierno ha tomado en Venezuela y que, si hasta ahora no lo ha hecho plenamente ha sido, en primer lugar, por la presión internacional y las obvias consecuencias que ello acarrearía en un mundo globalizado. Luego, porque pese a la propaganda masiva que el régimen ha puesto en práctica, no es cierto el tan “cacareado” apoyo popular que dice tener el gobierno de Chávez: el presidente fue electo con una abstención del 40% y con una votación efectiva del candidato opositor que fue también del 40%. Es decir, subió a la presidencia con el 56% del 60% de los electores; valga decir, con el 33,6% del universo electoral. Posteriormente, al referéndum (que constitucionalmente ha debido ser solo consultivo y no deliberativo) para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, sólo concurrió a las urnas el 33% del universo electoral. El voto aprobatorio (el sí) fue del 88% por lo que la aceptación real fue del 29%. Luego, para la elección de los representantes miembros de la Asamblea, la concurrencia fue del 49%, de la que los partidos del gobierno obtuvieron el 54% y los de la oposición el 43%; es decir, que la ANC, donde el gobierno alcanzó tramposamente (léase kinos) una representación superior al 90% (gracias ese mecanismo electoral sui generis que lo favoreció), los grupos políticos del oficialismo apenas obtuvieron menos del 27% del electorado total. En esta nueva elección del 7 de agosto de 2005, el CNE confiesa una abstención inmedita al 70% (mientras los entes opositores la ubican entre el 80 y el 90%). De no haber sido maquillado el resultado electoral a ese efecto (y a todos los demás) y estando las cifras del gobierno en el orden del 60% y sin tomar en cuenta en los cálculos los votos nulos (en medios no gubernamentales se asegura que ha habido una fortísima presencia de votos nulos, tanta que es cercana al 45%), el apoyo real del gobierno apenas alcanza el 18% (60% de 30%), lo que podría ser mucho menor si las cifras de abstención coinciden con las de la oposición y si se tiene en cuenta la existencia de los votos nulos (sería, en efecto, inferior al 9%).

Por eso mismo, y considerados los razonamientos históricos iniciales, son muy pocas las posibilidades para el logro, por parte de la oposición, de la aceptación de las cinco reglas de oro propuestas por SUMATE, conforme a lo cual las elecciones parlamentarias del próximo diciembre podrían realizarse en un clima de mínima seguridad democrática (mínima, en efecto, pues no quedarían con ello subsanados problemas como: la indebida presión gubernamental sobre funcionarios públicos; contratistas; beneficiarios de las “misiones”; personas que aparecen en las “listas de Tascón”, etc.).
Por eso, anticipo desde ya la idea de que la oposición no pueda contentarse con aupar y lograr una abstención semejante a la alcanzada en los comicios del pasado domingo, sino que debe propiciar acciones contundentes que, con marco en el artículo 350 de la Constitución vigente, impida toda posibilidad de que el gobierno se alce, impune e impúdicamente, con la totalidad de los escaños de la próxima Asamblea Nacional, pues así podrá reformar la Constitución según el parecer del Usurpador (eliminar artículos como el 350; permitir reelección indefinida del Presidente; establecer una disposición para la elección del Presidente a través de la Asamblea Nacional, etc), lo que significaría la definitiva consolidación del Estado totalitario en Venezuela.

Debemos tener muy claro que solamente van a existir etapas de funcionamiento y consolidación del Estado constitucional cuando haya sido posible conciliar la permanencia de gobiernos realmente eficaces en su función de gobernar con el cumplimiento, por parte de un Parlamento verdaderamente autónomo, de sus funciones contralora y legisladora.

Es evidente, pues, que la vigencia real de uan Constitución no tiene nada que ver con la nominal. El caso más dramático en América Latina ha sido el de la lóngeva Constitución de 1830 del Uruguay ya citada que, pese a sus 87 años de vigencia hasta 1917, era sólo letra muerta pues vio pasar, por lo menos hasta 1903, 25 gobiernos casi todos inconstitucionales por su origen (dos presidentes asesinados, uno gravemente herido, nueve derrocados violentamente y apenas tres que pudieran llamarse “normales” por su desenvolvimiento). Por su parte, la Constitución de Colombia de 1888 alcanzó a cumplir el siglo, pero en medio de cinco interrupciones, por lo que tuvo períodos de vigencia nominal y períodos de vigencia real.

Dada la actual situación política que vive Venezuela, en la que el oficialismo encabezado por el Presidente de la República ha desafiado, vituperado y desconocido los Poderes nacionales legislativo y judicial, tan legítimamente constituidos como el propio Ejecutivo; dado que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada e instalada en abierta contradicción con el texto constitucional vigente (aunque “permitida” bajo amenaza por la Corte Suprema de Justicia), invocó una condición de “soberana absoluta” derivada de una supuesta condición de “poder originario” que no posee y en vista del control absoluto que el Presidente ejerce sobre la Asamblea Nacional, se concluye que en el régimen que se está implantando no existe ni va a existir la correlación armónica ni la separación real de Poderes independientes, sino que el Legislativo quedará siempre subordinado a la voluntad del Ejecutivo.

*Profesor Titular emérito de la Univ. Simón Bolívar, Prof. UJMV, ex-Embajador de Venezuela en Italia, Ingº Civil, Lic. en Filosofía, DEA en Urbanisme, Postgrado en Ciencias Políticas, exJefe de OCEI.